El Observatorio Socioeconómico y Político de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir ha hecho público hoy un informe con sus reflexiones sobre el contexto general que atraviesa España, como ya hiciera en la pasada convocatoria electoral, y manifiesta que «la incertidumbre política actual que vive nuestro país supone un grave riesgo para la recuperación económica y la mejora del empleo».
El Observatorio, órgano de carácter consultivo y de investigación científica en el que colaboran 72 expertos de reconocido prestigio y reconocida trayectoria profesional, se refiere así a los «dos grandes temas que preocupan a los ciudadanos según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): la situación política y el empleo».
Así, el Observatorio señala que «la situación de indefinición política no debiera prolongarse en el tiempo para no retrasar o perjudicar la recuperación económica de nuestro país». Los expertos inciden en la «necesidad de preservar las condiciones necesarias para la recuperación económica y hacer que esta mejora de la coyuntura económica alcance y beneficie a todos los ciudadanos a través del empleo».
El Observatorio considera «prioritario abordar los problemas de corrupción y establecer medidas de prevención de la misma». Atajar la corrupción «pasa necesariamente por asumir compromisos firmes en esta materia y no usarla meramente como arma electoral arrojadiza entre los diferentes partidos políticos», subrayan los expertos.
Ante la próxima convocatoria de elecciones generales, el centro recuerda a los todos los electores la «necesidad de ejercer el voto de forma seria y responsable dado que es la forma que tenemos los ciudadanos de participar e incidir en la vida política».
El Observatorio también hace una «defensa de la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad religiosa como derechos fundamentales para fortalecer la democracia», y además recuerda que «la defensa de la libertad religiosa es un derecho fundamental en una sociedad abierta y democrática».
En su informe destaca que «la libertad educativa es un derecho constitucional que asiste a los padres para elegir la educación que consideran más apropiada para sus hijos y subraya el papel de las Administraciones Públicas respecto a estos derechos como garante del ejercicio efectivo de estas libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos».
Además, también hace una defensa de la vida humana, desde su concepción, «dado que es una defensa misma del hombre que no puede ser relegada de la agenda pública por otras cuestiones siempre menores». Recuerda, en este sentido, que «el relativismo, contrario a la verdad, no puede hacernos perder de vista la dignidad de toda vida humana, independientemente de la situación en que se encuentre». Por otro lado, sostiene que «otras corrientes, como la ideología de género, también desnaturalizan la realidad humana».
El Observatorio también expresa que «las personas más vulnerables y en riesgo de exclusión han de ser objeto de atención prioritaria».