Christian Solidarity Worldwide (CSW), la ONG con sede en Londres que lucha por la libertad religiosa en el mundo, junto a otras diez organizaciones que trabajan por los derechos humanos en Birmania, han hecho un llamamiento público la semana pasada al gobierno de Birmania para que proteja a las minorías religiosas del país, después de que tuvieran lugar dos ataques violentos sobre musulmanes.
El 1 de julio, una mezquita era destruida por una multitud en la localidad de Hpakant, en el estado birmano de Kachin. El 23 de junio, otra multitud había destruida una mezquita, un colegio y varias casas en una aldea de Birmania central. Según parece, las fuerzas de seguridad no pudieron prevenir estos ataques y el gobierno no tuvo una respuesta eficaz cuando se le pidió que actuara.
Estos son los últimos ataques de una campaña antimusulmana de odio instigada por nacionalistas budistas durante los últimos cuatro años. Una campaña que ha incluido ataques violentos, un discurso de odio y la introducción de legislación discriminatoria que restringe las conversiones religiosas y los matrimonios entre personas de distintos credos.
En noviembre de 2015, tras las elecciones que ganó de manera aplastante su partido, la Liga Nacional para la Democracia (NLD), la Secretaria de Estado de Birmania, Daw Aung San Suu Kyi, declaraba a la BBC que el «odio no tiene lugar» en su país y que su gobierno protegería a las minorías y llevaría ante la justicia a quienes incitaran al odio o a la violencia. Aún así, se ha informado de que tres miembros del partido NLD participaron en uno de estos ataques.
Las organizaciones de derechos humanos han pedido al gobierno birmano que asegure que quienes cometieron estos ataques sean llevados ante la justicia, y que se dé instrucciones a la policía para que evite otros ataques.