La Santa Sede adhirió a la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 31 de octubre de 2003, dando así un paso más en la línea de la transparencia querida por el actual pontífice Francisco, siguiendo la línea emprendida por Benedicto XVI.
La Convención tiene por objeto ayudar en la lucha contra la corrupción, se aplica a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción, al embargo preventivo, la incautación, el decomiso y la restitución del producto de delitos. Establece además, normas para prevenir y combatir el blanqueo de capitales así como normas sobre la rendición de cuentas del sector privado, la transparencia y la igualdad de acceso de los candidatos a los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.
El documento de adhesión fue depositado por el secretario de estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, el 19 de septiembre pasado en la Oficina de las Naciones Unidas en Nueva York.
La Santa Sede expresó así su consenso a sentirse obligado por este tratado, también en nombre y por cuenta del Estado de la Ciudad del Vaticano. Entretanto ha formulado dos reservas y tres declaraciones interpretativas, que son parte integrante del instrumento de adhesión.
La misma entrará en vigor para la Santa Sede y para el Estado de la Ciudad del Vaticano el próximo 19 de octubre.